Así lo afirmó David Libai, del equipo de abogados que representa a Katsav, quien aclaró que el anuncio oficial lo formulará este miércoles el propio presidente.
"El presidente está decidido a luchar contra las acusaciones", dijo Libai. Katsav -cuyo mandato culmina a finales de este año- niega los cargos y alega que existe "una conspiración criminal" para echarle de su cargo.
El abogado afirmó estar convencido de que "cuando oigan al presidente, no querrán presentar acta de acusación".
La acusación de la fiscalía, decidida tras meses de investigación policial, es el borrador del acta de acusación y no puede convertirse en definitivo hasta que el acusado tenga la posibilidad de defenderse.
Dimisión
Todavía no se ha fijado fecha para dicha instancia jurídica pero, según la ley israelí, es imposible presentar acta de acusación de ningún tipo contra el presidente del país mientras se halle en ejercicio de sus funciones.
De ello se desprenden dos únicas opciones: que Katsav dimita o que sea destituido.
Diputados de todos los partidos representados en la Knesset, o Parlamento israelí, exigen a Katsav que renuncie de inmediato, explicando que de lo contrario "aumentaría aún más la vergüenza que lidia ahora el país". Pero se estima que Katsav no dimitirá, contrariamente a lo que le exigen numerosos políticos, sino que se declarará "temporalmente imposibilitado".
Sólo renunciaría si se confirma que, a pesar de lo que diga explicando su posición, el fiscal presenta finalmente el acta de acusación en su contra.
En caso que no lo hiciera, queda la opción de la destitución, un trámite nada sencillo dado que requiere una mayoría de por lo menos 90 diputados de un total de 120.
De todos modos, dado lo especial del caso -a pesar que el cargo de presidente es sobre todo ceremonial- y la tormenta política desatada en Israel a raíz de las sospechas contra Katsav, es más que probable que dicha mayoría sea alcanzada, si no superada por mucho.
16 años
"Éste es un día muy triste para la democracia israelí", declaró a una emisora local el jurista Emanuel Gross.
"No soñábamos jamás con llegar a un momento en el que el símbolo del Estado se halle en una situación así", dijo.
Gross opinó que la fiscalía debe tener pruebas sumamente tajantes y fidedignas, ya que "cabe suponer que en un caso como éste, se habrá hecho une esfuerzo mucho mayor todavía que el común, precisamente porque el sospechoso es nada menos que el presidente del Estado".
Este experto añadió que según la ley, la pena por violación es como mínimo de 16 años de prisión. "No creo que ningún tribunal pueda evadir algo así", afirmó el jurista.
Un agravante del caso es que en el acta de acusación aparecen cuatro mujeres como víctimas de Katsav, aunque sólo en uno de los casos se habla claramente de violación y en los otros de crímenes menores.
Todo esto comenzó meses atrás, cuando Katsav denunció a la policía que una ex funcionaria de la Casa Presidencial le estaba extorsionando.
En ese caso todavía no hay decisión policial, pero el testimonio de la mujer en cuestión es uno de los cuatro en los que se basan las serias acusaciones contra Katsav.
