Catorce estados europeos colaboraron de manera secreta e ilegal con la CIA en el transporte aéreo de sospechosos de haber conspirado o cometido actos de terrorismo para ser interrogados.

Esa es la conclusión de la investigación comisionada por el Consejo de Europa que señala que los 14 permitieron que sus territorios fueran utilizados como bases para la transferencia secreta de prisioneros, dieron permiso para la escala de esos vuelos y en los casos de Italia, Suecia, Macedonia y Bosnia permitieron el secuestro de gente en su territorio.

Estados Unidos criticó el informe, diciendo que no contenía "hechos sólidos".

El Consejo de Europa es organismo distinto a la Unión Europea, fundado en 1949, integrado por 46 países y encargado de defender los derechos humanos y la democracia parlamentaria en el continente.

El responsable de la pesquisa, el parlamentario suizo Dick Marty, añade que también existe evidencia circunstancial de centros de detención secretos en Polonia y Rumania, algo que ambos países han negado.

Reacciones

En Washington el resultado del informe fue recibido con "desilusión" de acuerdo con las palabras del portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, quien aseguró que las acusaciones "carecen fundamentos reales", informó el corresponsal de BBC Mundo en la capital estadounidense, Carlos Chirinos.

Según McCormack las transferencias de prisioneros son "una práctica legal internacionalmente reconocida".

"El terrorista venezolano Carlos El Chacal no estaría en la carcel hoy si no hubiera sido por el sistema de trasferencias".

El ejemplo de Carlos Ilich Ramírez, preso en Francia por actividades terroristas realizadas en Europa durante los años 70 y 80, también fue usado por el portavoz de la Casa Blanca, John Snow.

"Los países tienen que trabajar juntos en asuntos de inteligencia(..). Las entregas no es algo que empezó con este gobierno. Y con seguridad se seguirá practicando en el futuro", aseguró Snow.

Por su parte, al enterarse de las conclusiones de la investigación este miércoles, el primer ministro de Polonia, Kazimierz Marcinkiewicz, declaró que las acusaciones "no estaban basadas en hechos y que eran difamadoras".

El asunto, señala el corresponsal de la BBC en Varsovia Adam Easton, es muy engorroso para Polonia pues su firme apoyo a la llamada "guerra contra el terrorismo" le ha causado problemas con algunos de sus socios en la UE.

"Degradante y reprensible"

Marty alega que lo que ha expuesto es una telaraña de arrestos y transferencias ilegales realizados por Estados Unidos, y que los países europeos involucrados no son precisamente "víctimas pasivas".

El europarlamentario señala que si bien Washington decidió conducir su "guerra contra el terrorismo" fuera del marco de la ley, esto es condenable y completamente ajeno a las tradiciones europeas.

La práctica, que Marty califica de "reprensible", "degradante y deshumanizante", es conocida en inglés como extraordinary renditions .

Las conclusiones están basadas en el análisis de registros de tráfico aéreo, fotos de satélite y testimonios de prisioneros que acusan haber sido secuestrados.

Según Tim Franks, el corresponsal de la BBC en París -donde se presentó el documento- las acusaciones son potencialmente explosivas, pero la dificultad reside en dejar bien establecida la evidencia.

El informe final afirma que "ahora queda claro, aunque no podemos decir que la verdad ha sido establecida fuera de dudas, que las autoridades en varios países europeos participaron de manera activa en estas actividades ilegales de la CIA".

El documento también acusa a países como España, Turquía, el Reino Unido, Alemania y Chipre de haber servido de plataforma para estos operativos.

Antecedentes

Aunque el congresista suizo indica que el responsable final de estos vuelos es Estados Unidos, añade que este programa sólo pudo haber sido posible con "la complicidad intencional o negligente de sus socios europeos".

Asimismo, concluye esta práctica está basada en un principio que viola los derechos humanos de manera flagrante.

El escándalo sobre la utilización de cárceles secretas por parte de la CIA surgió el pasado noviembre cuando el diario estadounidense The Washington Post informó que la CIA operaba instalaciones ilegales en Europa del Este, Afganistán y Tailandia.

El informe señalaba que desde los atentados del 11 de septiembre, más de 100 personas habían sido enviadas a estos lugares para ser interrogados en otros países, donde no tienen la protección legal o los derechos que les puede ofrecer la legislación estadounidense.

Washington no ha negado que haya transferido a sospechosos de terrorismo a otros países, pero rechaza acusaciones de que estos hayan sido torturados.