El documento también sugería que los torturadores que actuaran por orden del presidente tampoco podían ser procesados, informó el periódico.
El informe fue escrito por abogados militares y civiles para el Secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld.
Fue preparado después de que el personal estadounidense en la Base Naval de Guantánamo, Cuba, se quejara de que las técnicas normales de interrogatorios no estaban ofreciendo suficiente información.
El documento planteaba que las restricciones estadounidenses e internacionales relativas a la tortura podían desatenderse por motivos de seguridad nacional o mediante tecnicismos jurídicos, informó el diario.
"Inteligencia vital"
Sus autores argumentaban que como nada era más importante que "obtener inteligencia vital para la protección de miles de ciudadanos estadounidenses" las regulaciones normales relativas a la tortura podrían no ser jurídicamente vinculantes.
El presidente, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, tenía la autoridad de aprobar prácticamente cualquier acción física o psicológica durante los interrogatorios, incluida la tortura, dijo el Wall Street Journal.
El periódico aclaró que había tenido acceso a un borrador del 6 de marzo de 2003 y que personas que vieron el informe final dijeron que no había sufrido cambios sustanciales.
Se desconoce si el presidente Bush leyó el informe.
Su gobierno ha dicho que apoya las Convenciones de Ginebra y el tratamiento humano a los detenidos.
